Resumen: En materia de responsabilidad de daños y perjuicios derivados de enfermedad profesional se aplica el criterio de la solidaridad en el pago indemnizatorio entre las empresas, al considera que se debe considerar el instituto de la cosa juzgada, al existir una sentencia previa que así lo ha establecido. Se rechaza parte de la argumentación del recurso al considerar que suscita una cuestión novedosa no planteada en la instancia.
Resumen: La sentencia del Juzgado de lo Social nº 6 de Bilbao desestimó la demanda de un trabajador despedido disciplinariamente por GRUAS IRATXE SL, solicitando la declaración de improcedencia del despido por defectos formales y falta de veracidad y gravedad en las imputaciones. Los hechos probados indican que el trabajador, conductor mecánico desde 2007 y representante de los trabajadores desde 2022, estacionó su motocicleta dentro de las instalaciones pese a la prohibición, lo que generó una discusión con su encargado, quien retiró la moto en dos ocasiones. En respuesta, el trabajador condujo un vehículo de la empresa a gran velocidad hacia el encargado, frenando bruscamente y realizando maniobras para bloquear su paso, conducta considerada peligrosa y con potencial lesivo. La empresa le abrió expediente sancionador y le despidió disciplinariamente invocando los artículos 54.2 b) y c) del Estatuto de los Trabajadores y 44.3 y 4 del Acuerdo General para empresas de transporte. El trabajador recurrente alega desproporción de la sanción, ausencia de agresión y buena conducta previa, invocando la doctrina gradualista. El TSJ confirma la sentencia de instancia, aplicando la doctrina jurisprudencial que exige la individualización de la conducta y la proporcionalidad entre falta y sanción, y concluye que la maniobra con el vehículo grúa fue una falta muy grave, con riesgo evidente para la integridad del encargado, justificando plenamente el despido disciplinario. No se cuestiona la adecuación de la sanción dentro del poder disciplinario del empleador. Por tanto, se desestima el recurso de suplicación interpuesto por el trabajador y se confirma la sentencia de instancia.
Resumen: El contrato "podrá extinguirse por ineptitud del trabajador conocida o sobrevenida con posterioridad a su colocación efectiva en la empresa. La ineptitud existente con anterioridad al cumplimiento de un periodo de prueba no podrá alegarse con posterioridad a dicho cumplimiento".La noción de ineptitud sobrevenida, a falta de una definición legal expresa, se ha asociado a una falta de habilidad para el desempeño de la actividad laboral que resulta en impericia o incompetencia y se traduce en un bajo rendimiento o productividad de carácter permanente y no relacionado con una actitud dolosa del trabajador. El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo. Los datos relativos a la vigilancia de la salud de los trabajadores no podrán ser usados con fines discriminatorios ni en perjuicio del trabajador.Será necesario, a estos efectos, que el informe identifique con precisión cuáles son las limitaciones concretas detectadas y su incidencia sobre las funciones desempeñadas por el trabajador.
Resumen: En la fundamentación de la infracción legal del rcud. es requisito ineludible razonar de forma expresa y clara sobre la pertinencia y fundamentación del recurso en relación con la infracción o infracciones que son objeto de denuncia. No basta con que el recurso se remita o reproduzca la fundamentación de la sentencia de contraste. Las sentencias de los TSJs no constituyen jurisprudencia a los efectos de fundar juridicamente el recurso.
Resumen: La Sala desestima el recurso de la Gestora y confirma la sentencia estimatoria dictada porque de la prueba practicada se infiere la necesidad de la actora de asistencia de otra persona para realizar algunos de los actos más esenciales de la vida, tales como vestirse, desplazarse, comer o análogos: dependencia en relación a actos relevantes de la vida diaria, de manera que se comprometa de manera cierta la autonomía vital del beneficiario, y la tan citada dependencia de terceros aparezca como insoslayable.
Resumen: Se confirma que el periodo de incapacidad temporal de la demandante es imputable a la contingencia de enfermedad común, rechazándose en el recurso que sea su origen una enfermedad profesional o un accidente de trabajo. Previa desestimación de la revisión de los hechos se indica que la actora inició un proceso por dolor en el hombro izquierdo no especificado y que el mismo, por la actividad de camarera que se desempeña, no es encuadrable en el concepto de enfermedad profesional y en concreto en el Código 2D0101 del RD 1299/2006, no llevándose a cabo la actividad contemplada por la norma; tampoco se asume que sea derivada la incapacidad temporal de accidente de trabajo por no constar ningún incidente laboral.
Resumen: La Audiencia Nacional desestima la demanda de Conflicto Colectivo interpuesta por el sindicato CIG contra las empresas del grupo Indra. Se razona que a la vista de la normativa vigente desde marzo de 2020 al 1 de enero de 2022 no puede reconocerse la obligación de la empresa de abonar una compensación de gastos por teletrabajo en el contexto de la situación de pandemia por Covid-19. Con carácter previo la Sala descarta la concurrencia de las excepciones de falta de legitimación activa, defecto legal en el modo de proponer la demanda, inadecuación de procedimiento e indebida
acumulación de acciones. No reconociéndose el derecho a percibir compensación por gatos derivados del teletrabajo en el concreto periodo reclamado resulta ocioso examinar la excepción de prescripción, formulada con carácter subsidiario.
Resumen: La demanda pretende que se reconozca el derecho de los empleados de ILUNION SERVICIOS INDUSTRIALES SL a cobrar el complemento de nocturnidad en vacaciones, permisos retribuidos y horas sindicales cuando resulta que el Convenio Estatal de Centros y Servicios de Atención a Personas con discapacidad fija que la nocturnidad (25% del salario base) solo se abona por horas efectivamente trabajadas entre 22:00 y 06:00, no en supuestos de no asistencia ni en vacaciones, por lo que a se está solicitando inaplicar de acuerdo con el art. 7 de la Directiva 2003/88/CE, la STJUE Lock y jurisprudencia del TS.
La Sala después de recoger que el art. 91.3 ET y el art. 12.10 del Convenio imponen, como requisito de procedibilidad, someter previamente a la comisión paritaria toda controversia sobre aplicación e interpretación del convenio (con eventual mediación en el SIMA) y como se ha indicado se pretende la inaplicación del convenio, dejar sin efecto su art. 35 por lo que era preciso acudir previamente a la comisión paritaria -y, en su caso, la mediación del SIMA- y al no haberse cumplido ese trámite preceptivo, se rechaza la pretensión.
Resumen: Impugnándose una resolución dictada por el Secretario de Estado resolviendo un recurso de alzada contra un acto dictado por un órgano inferior, la Audiencia Nacional de considera incompetente para conocer de la demanda por entender que la competencia objetiva para conocer del asunto le corresponde a la Sala de lo Social del TSJ de Madrid, ya que el Secretario de Estado no ha modificado el criterio del órgano inferior.
Resumen: La sentencia del Tribunal Supremo de 27 de junio de 2025 estima el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por un pensionista varón al que se le denegó el complemento de maternidad previsto en el art. 60 LGSS -pese a tener dos hijos- tras la STJUE de 12 de diciembre de 2019 (asunto C-450/18), que declaró discriminatoria dicha exclusión por razón de sexo. El Juzgado de lo Social reconoció el derecho al complemento con efectos económicos desde el 9 de noviembre de 2020 pero denegó la indemnización adicional solicitada por daños derivados de la vulneración del derecho fundamental a la no discriminación. El TSJ de Castilla-La Mancha estimó parcialmente el recurso del actor ampliando los efectos al 5 de abril de 2018, fecha de la pensión, pero también desestimó la petición indemnizatoria. El Supremo aprecia contradicción con la STSJ de Andalucía (Sevilla) de 8 de septiembre de 2021 que sí reconoció indemnización por daño moral a otro pensionista en idéntica situación y aplica su doctrina previa (STS 977/2023, de 15 de noviembre), fijando que, en estos casos, el daño moral derivado de la necesidad de litigar debe ser reparado. En consecuencia, estima el recurso, casa parcialmente la sentencia recurrida y reconoce al actor una indemnización de 1.500 euros, cuantía limitada por lo pedido en la demanda, además de confirmar el derecho al complemento de maternidad desde la fecha de efectos de la pensión.
